La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) propone adicionar un artículo 387 Bis al Código Penal Federal para que se impongan penas a quienes publiquen a través de plataformas digitales ofertas de empleo falsas o anuncios laborales fraudulentos.
La pena sería de cinco a diez años de prisión y de trescientas a ochocientas Unidades de Medida y Actualización de multa, a quien, mediante páginas de internet, redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea o cualquier otro medio electrónico, publique, difunda o promueva ofertas de empleo falsas.
Asimismo, anuncios laborales fraudulentos que busquen engañar a las personas solicitantes o pongan en riesgo su seguridad, datos personales o patrimonio, señala la iniciativa enviada a la Comisión de Justicia.
En su exposición de motivos, menciona que en los últimos años la evolución de las tecnologías de la información y comunicación ha transformado las dinámicas del mercado laboral, facilitando el acceso a ofertas de empleo mediante plataformas digitales y redes sociales.
Sin embargo, este mismo entorno ha sido aprovechado por actores malintencionados para desplegar esquemas de fraude laboral, lo que afecta gravemente a quienes en el ejercicio legítimo de su derecho al trabajo son víctimas de engaños, extorsiones, robo de datos personales y, en algunos casos, de delitos más graves como la trata de personas.
Expone que el empleo fraudulento se manifiesta a través de anuncios falsos, páginas electrónicas apócrifas, perfiles que suplantan empresas reconocidas o mensajes que prometen oportunidades laborales inmediatas sin requisitos formales, los cuales circulan masivamente en redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas digitales.
Estas conductas no solo transgreden la confianza de quienes buscan un ingreso digno, sino que generan un clima de inseguridad y desprotección en el entorno digital, especialmente entre los sectores de población más vulnerables como jóvenes, mujeres, personas desempleadas, migrantes o en situación de vulnerabilidad.
Entre las estafas más comunes se encuentran aquellas en las que se solicita dinero para agenciar entrevistas, acelerar procesos de colocación, emitir contratos o entregar credenciales apócrifas, y muchas de estas ofertas falsas tienen como fin último recolectar datos personales, cuentas bancarias o información sensible, que luego es utilizada para cometer otros fraudes o actividades delictivas.
La diputada Jasso Nieto resalta que la creciente incidencia de estos casos y la limitada capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos evidencia la necesidad de reforzar el marco jurídico que garantice condiciones de seguridad en la oferta y difusión de empleos en medios digitales.
Por ello, destaca la necesidad de crear un tipo penal específico que sancione aquellas conductas que impliquen la publicación de anuncios fraudulentos a través de sitios web con la intención de engañar a las personas y mediante estos engaños se cometan delitos.
