El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto donde clasificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva” por la crisis sanitaria que ha dejado su consumo. Con ello, su gobierno puede implementar distintas acciones económicas y de seguridad.
El pasado lunes 15 de diciembre, el mandatario republicano estuvo en una ceremonia en el Despacho Oval donde entregaron medallas a militares que realizan trabajos de vigilancia en la frontera con México.
Frente a esas tropas, reiteró que cada año mueren alrededor de 300 mil personas por el consumo del opioide.
Este argumento sirvió a Donald Trump para justificar la firma de un decreto que declara al fentanilo como “arma de destrucción pasiva” en Estados Unidos.
“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos.”
Sin embargo, esa cifra es distinta a las estadísticas oficiales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han registrado 48 mil 422 fallecimientos por opioides en 2024, de las cuales, cerca del 70% estarían relacionadas al fentanilo. Además, ese dato refleja una disminución del 27% en comparación con las muertes del 2023.
¿Qué puede hacer Estados Unidos al declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva?
Declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva permite la implementación de protocolos y herramientas empleadas contra amenazas de seguridad nacional y terrorismo, entre otras acciones, como las siguientes:
Permite un mayor involucramiento del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y Departamento del Tesoro.
El Departamento de Estado y de Tesoro pueden ampliar las Leyes de Emergencia Económica y Sanciones. Con ello, implementarán herramientas fiscales y sanciones contra las naciones o grupos involucrados -directa o indirectamente- en la fabricación del fentanilo.
Se pueden bloquear activos de individuos, empresas e instituciones financieras involucradas -desde precursores hasta su distribución- en el suministro global de fentanilo que estén bajo jurisdicción estadounidense de individuos, con la aplicación estricta de la Ley Kingpin y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El Departamento de Estado puede imponer nuevas restricciones de visado a personas, familiares y asociaciones comerciales relacionadas al tráfico de dicho opioide.
El Departamento del Tesoro puede asignar más recursos contra la proliferación del fentanilo.
El Departamento de Seguridad Nacional puede desplegar tecnología de inspección no invasiva en puertos donde se detecte el ingreso del fentanilo y sus precursores.
Permite a Estados Unidos ejercer presión sobre socios comerciales. Promueve la creación de coaliciones globales para disminuir la presencia de drogas sintéticas.
Donald Trump y las incursiones al Caribe
Eesta política ha facilitado la presencia norteamericana en el Caribe, con ataques a presuntas narcolanchas con misiles. Desde septiembre, dichas operaciones han derivado en alrededor de 90 muertes.
Donald Trump ha declarado que a bordo de dichas lanchas iban cargamentos de fentanilo. Sin embargo, dicha afirmación sigue sin ser verificada.
El nuevo decreto ocurre en un contexto donde la oposición demócrata ejerce presión en el Congreso de Estados Unidos para exigir transparencia sobre el impacto de los ataques en el Caribe, calificados por expertos como “crímenes de guerra”.
Claudia Sheinbaum rechaza decreto de Donald Trump
Donald Trump ha advertido que “pronto” iniciará ataques por tierra contra los cárteles de droga. Eso impactaría a países como Venezuela y México.
Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que Donald Trump declarara al fentanilo como arma de destrucción masiva en Estados Unidos. Resaltó que primero se debe atender las causas del consumo en la sociedad norteamericana.
Agregó que su gobierno ya analizaba los alcances de dicho decreto y reiteró que está en contra de cualquier intervención a México.
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