El director de Canifarma, Rafael Gual Cosío, alertó que varias de las compañías que fallaron en el abasto ni siquiera son farmacéuticas y no cuentan con registro sanitario, lo que abre la puerta a insumos de dudosa calidad en el sistema público.
La tragedia del 10 de septiembre en Iztapalapa, con un saldo de 30 muertos y decenas de heridos, puso al descubierto la fragilidad del sistema de salud mexicano: hospitales sin insumos básicos y familias de las víctimas obligadas a comprar por su cuenta vendas y medicamentos especializados.
En este contexto, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, denunció públicamente a la empresa de origen chino Puerta del Sol Capital como una de las principales responsables del incumplimiento en el abasto.
“Ellos se comprometieron a darnos gasas en muchos estados y han incumplido casi 14 millones de piezas de las 21 que se les han pedido”, señaló el funcionario el pasado 23 de septiembre en conferencia de prensa.
De acuerdo con datos oficiales, la empresa incumplió el 66.5% de un contrato por 21.3 millones de piezas, mientras que en conjunto, 33 compañías han dejado de entregar más de 43.9 millones de insumos médicos en todo el país.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), precisó que la mayoría de las firmas señaladas por el gobierno federal “ni siquiera son farmacéuticas” y no cuentan con registros sanitarios.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum fijó el 30 de septiembre como plazo final para que las empresas cumplan con sus obligaciones contractuales, advirtiendo que, de lo contrario, serán inhabilitadas y descalificadas de futuras licitaciones públicas.
La explosión en Iztapalapa no solo destapó la falta de insumos en hospitales del Valle de México, sino que reavivó el debate sobre la compra de medicamentos en el extranjero, sin protocolos de revisión y sin garantías de calidad para los pacientes.
