* Inhibiría la participación necesaria del sector privado, lo cual significa un rompimiento con la globalización, por lo que aislaría completamente a nuestro país en un tema fundamental.
En la International Chamber of Commerce México (ICC México) consideramos que la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, presentada por el Ejecutivo federal para sentar las bases para construir una política de ciencia, tecnología e innovación carece de gobernanza democrática. La iniciativa, que el legislativo ha abierto para la discusión excluye sectores que necesariamente deben participar activamente en la toma de decisiones, entre ellos, la iniciativa privada; por otro lado, incumpliría con el derecho humano a los beneficios de la ciencia sustentado en la libertad de investigación.
El momento actual del país, su posición geográfica estratégica y la oportuna llegada de empresas multinacionales trasladadas por el nearshoring precisan un impulso contundente a la ciencia, tecnología e innovación para poder aprovechar todos los beneficios futuros que estos fenómenos acarrearán. La iniciativa carece de instrumentos para poder promover la inversión en desarrollo tecnológico e innovación y, más bien, genera desincentivos por la concentración en acciones gubernamentales sin contrapesos ni participación ciudadana.
Como órgano consultivo para organismos a nivel global, en la International Chamber of Commerce capítulo México (ICC México) solicitamos al Congreso de la Unión y, de forma particular, a la Cámara de Diputados, ser parte del Parlamento Abierto, encabezado por los diputados Javier Joaquín López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación, con el objetivo de poder recomendar acciones concretas para mejorar la iniciativa.
La International Chamber of Commerce es un organismo consultivo de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de los Siete (G7), el Grupo de los Veinte (G20) y el Banco Mundial, entre otros.
En la iniciativa para construir la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, nos encontramos con una propuesta que debería incorporar un organismo adicional o superior al Consejo Nacional o Conacyt, donde se incluya a los distintos sectores con voz y voto para tomar las decisiones futuras del país relativas con la agenda. Dejar en manos de un ente político, como Conacyt, las decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, simple y sencillamente afectará el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del México por venir.
La conformación de la estructura de esta propuesta de Ley se basa en un planteamiento ideologizado donde se eliminarían los órganos consultivos autónomos externos y plantea que la estructura se base en una junta de Gobierno del Consejo; además, en la política pública que se diseñe a partir de una ley basada en esta iniciativa de Conacyt va a inhibir la participación del sector privado local y extranjero. Esto es un rompimiento con la globalización, que aislaría completamente a nuestro país en un tema que es fundamental.
Y, por el contrario, impulsaría la generación de empresas de base científica y tecnológica sólo del sector público, porque no considera al privado.
Por la falta de difusión, pareciera inexistente la vinculación entre el sector de la investigación y la iniciativa privada en México y persiste la idea de que lo único que se hace está sólo en las universidades y centros de investigación. Sin embargo, existe un gran potencial de investigación, desarrollo e innovación en el sector privado, incluyendo universidades particulares, que esta iniciativa dejaría fuera.
El otro factor importante es el planteamiento de que los resultados que genere cualquier proyecto que reciba financiamiento público a través del Conacyt serán propiedad intelectual de éste (lo mismo que las regalías). Actualmente se permite otorgar al personal académico que haya obtenido una invención hasta el 70% de regalías, mientras en la propuesta los deja solo con la posibilidad de ser cotitulares; sin embargo, no se mencionan los porcentajes o reglas de coparticipación o la posibilidad de recibir regalías, dejando también en el mismo supuesto a la iniciativa privada que participe en proyectos conjuntos. Sobre este último punto es importante reconocer que las empresas tienen más capacidad de explotar comercialmente una invención y distribuir regalías.
