Hoy en México, las máquinas tragamonedas ilegales operan en miles de espacios como si fueran parte del entorno cotidiano, pese a estar prohibidas.
En comercios, bares y espacios comunitarios, su presencia ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema de seguridad que afecta directamente a las familias y al entorno social.
Aunque muchas veces se perciben como una práctica menor o recreativa, estas máquinas operan fuera de la ley, sin supervisión, sin controles y, en muchos casos, con acceso para niñas, niños y adolescentes.
Más allá del entretenimiento, se trata de una actividad que ha sido identificada por autoridades como un foco de ingresos ilícitos que puede alcanzar hasta 600 millones de pesos semanales, y que se encuentra vinculada con prácticas como extorsión, fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con información oficial, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se han asegurado más de 2 mil 147 máquinas tragamonedas ilegales en el país, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta más contundente.
En este contexto, el diputado federal y líder sindical, Pedro Haces Barba, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el objetivo de fortalecer el marco legal y cerrar espacios a esta actividad ilegal.
“No es un tema de juego, es un tema de seguridad. Estas máquinas operan al margen de la ley, afectan a las familias y generan condiciones que favorecen actividades delictivas. No podemos seguir normalizándolo.”
Actualmente, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ya prohíbe las máquinas tragamonedas; sin embargo, esta prohibición no está establecida de manera expresa en la ley, lo que ha permitido vacíos legales e incluso la interposición de amparos.
Por ello, la iniciativa propone elevar esta prohibición a rango legal, además de actualizar sanciones y establecer responsabilidades claras para quienes distribuyan, instalen, operen o financien estas máquinas, así como para quienes permitan su uso en establecimientos o protejan su operación desde el servicio público.
“Se trata de dar certeza jurídica y de fortalecer al Estado para actuar con claridad. No podemos permitir que actividades ilegales sigan operando en espacios comunitarios como si fueran algo normal.”
Para Pedro Haces, el fondo del problema no es solo legal, sino social.
“Estas máquinas no solo afectan la economía de las familias, también generan riesgos de adicción, especialmente en menores, y deterioran el tejido social en las comunidades.”
La iniciativa también contempla sanciones para quienes coaccionen a comerciantes para instalar estos dispositivos mediante amenazas o violencia, así como para servidores públicos que permitan o protejan su operación.
Con esta propuesta, se busca fortalecer el Estado de derecho, proteger a las familias y cerrar espacios a economías ilegales que operan al margen de la ley.
“No podemos permitir que lo ilegal se normalice en nuestras comunidades. Esta iniciativa busca poner orden donde hoy hay vacíos legales y proteger a las familias donde hoy hay riesgos.”
