COLUMNA DEADLINE

 Víctor Hugo Arteaga

Vaya momento el que vive el Fiscal General del Estado de México José Luis Cervantes, a quienes grupos del Congreso del Estado de México comienzan a cuestionar por los bajos resultados en el combate a la delincuencia y procuración de justicia.

La justicia no puede ser un péndulo. Mucho menos cuando se trata de la violencia de género.

En el Estado de México, grupos de empresarios varones han comenzado a buscar asesoría del más alto nivel debido a lo que consideran un abuso constante de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

La figura de la fiscal se ha convertido en una de las más visibles, y también más debatidas, dentro del aparato de procuración de justicia que depende de José Luis Cervantes.

No es un cargo menor. El Estado de México arrastra, desde hace años, cifras alarmantes en feminicidios, desapariciones y violencia familiar.

En ese contexto, la fiscalía especializada nació como una respuesta institucional a una deuda histórica con las mujeres. Nadie puede minimizar esa necesidad.

Pero en la aplicación de la justicia, el riesgo no está solo en la omisión, sino también en el exceso.

En distintos colectivos de padres de familia, particularmente aquellos inmersos en litigios por custodia o convivencia, comienza a crecer una narrativa incómoda: la percepción de que existe una tendencia a criminalizar de manera automática a hombres denunciados en contextos familiares, incluso antes de que exista una investigación sólida o una resolución judicial firme.

La pregunta es obligada: ¿es una política institucional o casos aislados? ¿Es percepción o patrón? ¿Hay denuncias formales contra la fiscal o contra su actuación?

Hasta donde consta en información pública disponible, no existen sentencias judiciales ni resoluciones firmes que acrediten responsabilidad penal o administrativa directa contra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros por un esquema sistemático de criminalización de padres de familia. Tampoco hay, a la fecha, una sanción emitida por órganos de control que la inhabilite o la responsabilice por violaciones graves al debido proceso.

Eso no significa que no haya inconformidades. Las voces comienzan a sumarse y a organizarse y pronto estará en el escritorio de la Gobernadora, pues al parecer se han descubierto prácticas irregulares dentro de esa fiscalía.

Amenazas, chantajes, extorsiones, asaltos en lugares públicos, y lo peor, la utilización de agentes de esa fiscalía plenamente identificados para atacar a empresarios en el Estado de México, sin órdenes legales, y enviados, como sicarios, desde el nivel más alto de esa fiscalía especializada.

En redes sociales y en foros de litigantes se documentan señalamientos sobre presuntas actuaciones desproporcionadas en casos de denuncias por violencia familiar o abuso, donde los imputados aseguran que las medidas cautelares se dictan con base en criterios amplios y con escasa posibilidad inmediata de defensa. Pero una cosa es la crítica pública y otra muy distinta una denuncia formal con sustento jurídico que haya prosperado.

El debate es delicado.

Por un lado, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de proteger a mujeres y menores frente a la violencia. Las fiscalías especializadas surgieron precisamente porque durante décadas la justicia fue omisa, lenta o indiferente ante agresiones que terminaban en tragedias.

Por otro lado, el principio de presunción de inocencia no es negociable. Ni siquiera en causas legítimas. La justicia con perspectiva de género no puede convertirse en justicia sin debido proceso.

Si hay casos de abuso en la aplicación de medidas, deben investigarse. Si existen denuncias formales contra la fiscal o su equipo, corresponde a los órganos internos de control y, en su caso, a instancias judiciales revisarlas con transparencia.

En temas de familia, las emociones se desbordan y las narrativas se polarizan. Pero la política pública no puede construirse desde la anécdota ni desde el rumor.

Lo que sí parece evidente es que el cargo que ocupa Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros exige un equilibrio quirúrgico: proteger sin prejuzgar, investigar sin criminalizar, acompañar sin sustituir al juez.

Porque cuando la justicia se inclina demasiado hacia un lado, pierde credibilidad. Y cuando pierde credibilidad, pierde su fuerza.

Y en el Estado de México, donde la violencia de género es una herida abierta, lo que menos se necesita es que la fiscalía especializada se convierta en otro frente de confrontación social.

La discusión no debe ser hombres contra mujeres. Debe ser justicia contra impunidad.

Y esa es una diferencia enorme.

Las voces que buscan mostrar las malas prácticas de la Fiscal Dilcya Samantha García Espinoza de Los Monteros ya no son pocas y la pregunta para el Fiscal General es si está enterado de los procesos poco legales que desde esa unidad se maneja?

Muchos empresarios y sus equipos legales se preguntan por qué José Luis Cervantes la protege a costa del decremento de su imagen pública?

Por qué prefiere hacerse de la vista gorda en ese sentido y permitir que los abusos en contra de muchos padres varones sólo por haber nacido hombres?

En las próximas semanas este delicado tema comenzará a detonarse, y quienes se saben o sienten afectados han comenzado a reunir sus pruebas periciales y sus datos de prueba, para mostrar el grave patrón en muchos casos, sin aparente justificación legal.