Ejidatarios del Ejido El Bajío del municipio de Caborca Sonora denunciaron que la Minera Penmont Fresnillo, propiedad de Alejandro Bailléres continúa extrayendo oro de manera ilegal tras sentencia del Tribunal Unitario Agrario número 28, donde se les impide continuar con actividades extractivas.
Marco Antonio Valles Grosso, abogado de la familia Cruz Pérez, ejidatarios del Ejido El Bajío señaló que la empresa minera “sigue extrayendo oro por debajo de la tierra a pesar de que existe una sentencia en el expediente agrario número 188/2009, la cual señala que la empresa está impedida a continuar con actividades extractivas y la condena a regresar todo el oro extraído desde el año 1997 y también a la remediación ambiental”.
Informó que los ejidatarios enviaron una carta al presidente de la República para solicitar de su ayuda debido a que hasta la fecha, la familia Cruz Pérez, poseedores de los certificados de los terrenos donde se encuentra la mayor parte de mineral, no pueden acercarse ni pisar su tierra debido a intimidación y amenazas de muerte por parte de quienes hasta el momento han tomado el control del territorio donde se asentó la minera.
Añadió que “en este momento los señores Cruz no tienen acceso a la tierra porque se encuentran ejidatarios armados con armas de uso exclusivo del ejército que impiden el paso a sus tierras ejidales. En momentos anteriores también han impedido que la familia pueda realizar alguna actividad agrícola o pecuaria que les beneficie en esos predios”.
El problema de fondo es que no hay autoridad agraria ni de ninguna otra índole que le brinde protección a los ejidatarios Cruz para que ellos puedan realizar actividades normales y poder usufructuar sus derechos ejidales; eso lo debería vigilar el comisariado ejidal que suceda así porque fue la resolución del tribunal.
La carta, firmada por los señores Abel Cruz López y Erasmo Cruz López, señala que han sido objeto de amenazas, persecución e intimidación, razón por la cual han tenido que abandonar sus tierras. En ella también informan el acercamiento reciente con el senador José Narro Céspedes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien los escuchó y sugirió que las pláticas o posibles negociaciones que lleven a cabo se realicen en presencia de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que cualquier acuerdo cuente con validez y certeza jurídica.
No están actuando las autoridades a pesar de que en múltiples ocasiones tanto al Tribunal Agrario, como a la Procuraduría Agraria y al señor presidente de la República se le han enviado solicitudes de ayuda. Hasta la fecha no hay respuesta ni ayuda de las autoridades.
A pesar de que no hemos tenido respuesta certera, seguimos confiando en que el presidente de la República gire instrucciones para que el señor Carmen Cruz Pérez y su familia para poder tener acceso a lo que la sentencia del Tribunal le otorgó, además de condiciones de seguridad.
“Tenemos años correteando y pidiéndole a la mina que nos brinde la oportunidad de hablar con ellos para poder llegar a una resolución favorable para todos. Hace 3 años asistimos a la Ciudad de México para hablar con el señor Bailleres y el señor Lomelí, sin embargo aunque ya teníamos cita con ellos, no nos atendieron. Por parte de los ejidatarios Cruz existe la apertura y disposición para poder llegar a un acuerdo”, puntualizó Valles Grosso.
“Pedimos ayuda del señor presidente para que se ejecute la sentencia en su cabalidad de los expedientes 188 y 536, donde se sentencia la devolución de los predios y mineral extraído del ejido El Bajío. Los únicos ejidatarios con derecho sobre las tierras de uso común, donde se encuentra la mayor parte del mineral, es la familia Cruz Pérez; son ellos quienes cuentan con los certificados agrarios que les otorgan el derecho”.
