Presentan video de prueba contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del OIC, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent
Los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, propietarios de Grupo Casanova, se encuentran nuevamente en el centro de la controversia, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como prueba clave en la investigación que se sigue contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, ambos acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent Volks, una de las divisiones del grupo.
Este episodio reabre el historial de señalamientos que persigue al conglomerado de los Echenique Casanova, el cual ha sido apuntado por anomalías como sobrecostos, adjudicaciones directas e incumplimientos en contratos de arrendamiento vehicular con dependencias federales.
El dominio del grupo se consolidó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que sus empresas concentraron gran parte de las contrataciones públicas en el ramo de arrendamiento.
Dominio en Contrataciones Públicas y Sanciones Previas
Registros públicos indican que, tan solo durante la administración de Felipe Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks obtuvieron 138 contratos por una cifra superior a mil 663 millones de pesos entre 2007 y 2012.
Posteriormente, Casanova Vallejo firmó 317 contratos adicionales con el gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018, por poco más de 6 mil 495 millones de pesos, consolidándose como una de las arrendadoras más beneficiadas.
A pesar de las polémicas, incluyendo una denuncia de 16 legisladores del PAN ante la PGR en 2015 por un presunto fraude de 3 mil 377 millones de pesos, ninguna investigación se abrió en ese momento.
Con la llegada de la 4T, el grupo ha continuado obteniendo contratos, pero también ha enfrentado sanciones. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Casanova Vallejo una inhabilitación de 45 meses por irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE.
Un año después, en 2023, la dependencia decretó una nueva suspensión por 30 meses tras detectar anomalías en otros convenios de arrendamiento.
No obstante, en abril de 2024, el conglomerado obtuvo un amparo definitivo que anuló la inhabilitación vigente, permitiéndole reincorporarse al padrón de proveedores federales.
Desde entonces, ha firmado más de 80 contratos por un monto superior a 500 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan posibles daños al erario.
El Grupo Casanova, que ha firmado contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos desde 2002, vuelve a figurar en una carpeta penal que amenaza con exponer los vínculos entre el poder público y su red de arrendamiento.
