Un escándalo sacude al sector privado de la salud en México. El ex director del Hospital Ángeles León, José Juan Galguera Martínez, es buscado por las autoridades luego de que un juez de la Ciudad de México librara una orden de aprehensión en su contra por el delito de administración fraudulenta. Las investigaciones apuntan a que Galguera habría desviado más de 60 millones de pesos durante su gestión al frente de uno de los hospitales privados más reconocidos de Guanajuato.
El juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, dentro del Sistema Procesal Penal Acusatorio, emitió el mandato con folio UGJ12/1446/2025. La carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI-1C/D/00370/11-2024 detalla que el ex directivo utilizó su posición privilegiada para operar un esquema de desvíos en perjuicio de los accionistas del hospital. La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene que se trata de un caso de traición a la confianza empresarial, con un impacto financiero que podría ascender aún más a medida que avancen las indagatorias.
De acuerdo con los informes, Galguera, de 66 años, fue visto en diversas ocasiones tanto en León, su ciudad de residencia, como en la capital del país. A pesar de que se le tiene ubicado en esa ruta, las autoridades no han logrado detenerlo. Para dar con su paradero, la Fiscalía capitalina solicitó colaboración a la Fiscalía de Guanajuato, a corporaciones de seguridad estatal y municipal, así como al Instituto Nacional de Migración, con el fin de impedir que salga del país.
El oficio FGJCDMX/DGSSOJ/14591/08-2025 establece que se requieren acciones inmediatas para ampliar el cerco y coordinar la búsqueda en distintos puntos. En este esfuerzo participan policías de investigación, agentes ministeriales y autoridades locales que trabajan bajo la premisa de una detención inminente.
El impacto del caso ha trascendido el ámbito judicial. La comunidad médica en León se muestra sorprendida, pues Galguera había sido considerado un referente en la administración hospitalaria. Su imagen como líder de una institución privada de alta especialidad contrastaba con las acusaciones que hoy enfrenta. Excolaboradores expresaron, bajo anonimato, que existían rumores sobre “manejos poco claros” en el área administrativa, pero no imaginaron que el problema alcanzara tales dimensiones.
Para especialistas en salud privada, este caso representa un golpe a la credibilidad de los hospitales de alta gama, que suelen basar parte de su prestigio en la confianza y transparencia hacia los pacientes y accionistas. “Cuando ocurre un fraude de esta magnitud, no sólo se trata del dinero, sino de la pérdida de reputación y del daño a la confianza en el sector”, comentó un analista del área hospitalaria.
Además, el caso se ha vuelto tema de conversación en redes sociales locales, donde pacientes y familiares comparten experiencias personales vinculadas al hospital, cuestionando si los recursos desviados tuvieron algún impacto en la calidad de los servicios médicos. Aunque hasta el momento no hay evidencia de afectaciones directas a la atención de los pacientes, la percepción pública apunta a que el fraude podría haber debilitado las finanzas internas de la institución.
Mientras tanto, las autoridades insisten en que la prioridad es concretar la detención de Galguera para presentarlo ante un juez. En caso de ser aprehendido, enfrentará un proceso penal que podría extenderse por varios meses y derivar en sanciones severas. Por ahora, el cerco ministerial se mantiene activo y se prevé que en las próximas semanas se intensifiquen los operativos de búsqueda en Guanajuato y la Ciudad de México.
El desenlace del caso marcará un precedente para el sistema de justicia en materia de delitos financieros cometidos desde puestos de alta dirección. También podría convertirse en un punto de inflexión para el sector privado de la salud, que deberá redoblar esfuerzos en mecanismos de control y transparencia interna para evitar que situaciones como esta se repitan.
