- Funcionarios corruptos en el Estado de Puebla podrían quedar impunes por negligencia judicial y misoginia.
- Las víctimas han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reasunción del caso, argumentando que el actuar del Tribunal pone en riesgo su acceso a la justicia.
- Hacen un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, para que como mujer y sabedora del trabajo arduo de la justicia ponga atención en este tipo de crímenes de Estado.
Con un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, esto por un nuevo escándalo judicial que sacude a Puebla, debido a que Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito son acusados de favorecer a funcionarios públicos involucrados en graves delitos, entre ellos, desaparición forzada, tortura y abuso de autoridad. A pesar de las pruebas presentadas, los jueces habrían actuado para proteger a los culpables, lo que ha generado indignación entre las víctimas y la sociedad civil.
Una denuncia por desaparición forzada, tortura y abuso de autoridad contra altos funcionarios de Puebla, incluyendo a Carlos Palafox e Igor Emilio Ferrer Acuña, podría quedar impune debido a una serie de irregularidades y posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial.
Las denunciantes, Norma Romero Cortés y Norma Alma Cortés Caballero, junto con Sebastián Vargas Barrera y José Pellegrin Romero, señalan un actuar negligente y posiblemente misógino por parte de diversos actores judiciales.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentra la desestimación de pruebas claves en el caso por parte del agente del Ministerio Público, Carlos Ismael Román García, y la protección otorgada a los acusados a través del amparo indirecto 1249/2023.
La situación se agrava con la actuación del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Este tribunal, conformado por los magistrados Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, José Luis Moya Flores y Armando Mata Morales, ha sido señalado por ignorar las peticiones de las víctimas, aplicar retroactivamente la jurisprudencia y mostrar una posible falta de perspectiva de género en el caso.
Las víctimas han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reasunción del caso, argumentando que el actuar del Tribunal pone en riesgo su acceso a la justicia.
Este caso ha despertado la alarma pública, pues recuerda al caso de Lydia Cacho y al feminicidio de Cecilia Monzón, donde se evidenció la colusión entre autoridades y el sistema patriarcal para silenciar y negar justicia a las mujeres.
Se exige al Consejo de la Judicatura Federal investigar la conducta de los magistrados mencionados y garantizar que se respeten los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y una reparación integral. La impunidad en este caso sentaría un peligroso precedente sobre la protección a funcionarios corruptos y la negación de justicia en casos de violencia contra la mujer en México.
De la misma ciudad en donde nació el caso de Lydia Cacho, mujer a la que hicieron huir y reconstruir toda su vida, en donde Cecilia Monzón peleó por su hijo y la vida perdió, acaso ¿Le toca a una mujer mayor con una vida de trabajo por detrás le toca vivir el olvido de la justicia? Los magistrados machistas, se encargan de encubrir tortura y desapariciones forzadas a cambio de mantener sus posiciones.
Los hechos que motivaron tuvieron lugar el día 27 de mayo del 2022, cuando Norma Alma Cortés Caballero, fue víctima de tratos crueles cometidos por servidor público en abuso de autoridad con auxilio de la fuerza pública para la desaparición forzada de José Pellegrin Romero y de Sebastian Vargas Barrera con el fin de intimidar y obstaculizar el servicio profesional notarial.
Los magistrados ignoraron al presidente, no podemos esperar que escuchen a una mujer y dos jóvenes que trabajando diario no ganan lo que los intereses de sus acuerdos les pueden dar en algunos días. Es momento de poner un alto y dejar en claro que la corrupción al interior del poder es latente y, aunque tengan nombres de arcángeles, le sirven a lo más podrido de los crueles humanos.
En una ciudad en donde la tasa de feminicidios crece, la vigilancia pública no existe y, las fiscalías son omisas y, los y las operadores judiciales locales están cooptadas por los poderes fácticos. Los supuestos siervos de la justicia de la nación sirven a las órdenes de los mandos locales, pareciera ser que su servicio es a la impunidad y al poder abusivo desde los escaños que utilizan en un edificio de grandes placas de cristal.
¿QUE ACASO NO ES MOMENTO PARA QUE LA SUPREMA CORTE TOME CARTAS EN EL ASUNTO Y ACTÚE CONFORME A DERECHO ?
