Ana Lilia Rivera Rivera destacó que con la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, progresivamente en México, se podrá erradicar el hambre y la malnutrición, así como mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
El pasado 19 de septiembre, en el que el Pleno del Senado expidió este ordenamiento legal, la presidenta de la mesa directiva, Rivera Rivera dijo que, con esta Ley, el Poder Legislativo tiene una oportunidad crucial para garantizar justicia social para todos los mexicanos, sin excepción, ya que se legisla no sólo para el bienestar de esta generación, sino para las futuras.
Ana Lilia Rivera destacó ante la Asamblea, que durante los últimos cinco años, el Senado de la República ha avalado una cantidad significativa de decretos legislativos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
Ante ello, dijo, nosotros como representantes del Poder Legislativo, estamos jurídicamente obligados a promulgar una legislación marco que sirva como instrumento para que, a través de todos los niveles de gobierno, se lleven a cabo esfuerzos efectivos destinados a hacer valer el derecho a la alimentación.
Sin embargo, reconoció que conflictos de interés, influencia económica y falta de voluntad política impidieron que en gobiernos anteriores se aprobara esta legislación.
Mencionó que el derecho a la alimentación, desde octubre de 2011, se reconoce explícitamente en la Constitución “a partir de ese momento, las instituciones del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlo”, manifestó.
La senadora de Morena recalcó que sin una ley reglamentaria, el contenido del derecho a la alimentación se quedaría en un mero enunciado y su alcance puede variar, según las interpretaciones de diferentes niveles de gobierno y posiciones ideológicas acerca de él.
Rivera Rivera reiteró que su corazón está lleno de alegría, “porque quienes desde hace años compartimos la agenda por la soberanía alimentaria de México, tuvimos que esperar 10 años para que fuera posible la votación de la Ley Reglamentaria al Derecho a una Alimentación Sana y Adecuada”.
Consideró que el modelo planteado por esta legislación hace hincapié en la soberanía alimentaria, que reconoce a las y los agricultores como actores centrales del bienestar de la patria, al tiempo que traspasa el modelo de la mera mercantilización de los alimentos a la valoración de conocimiento y prácticas milenarias.
