5 mil millones de pesos fueron desviados a través de al menos 15 empresas fantasmas contratadas por el Gobierno del Estado de México.
Una reciente investigación realizada por The Guardian reveló que más de cinco mil millones de pesos fueron desviados a través de al menos 15 empresas fantasmas contratadas por el Gobierno del Estado de México.
De acuerdo con la investigación del medio, estas empresas, vinculadas con importantes miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habrían sido beneficiadas por 40 contratos emitidos entre 2018 y 2022.
Una de las empresas destacadas en el informe es Sevacom, la cual obtuvo 12 contratos por más de 75 millones de pesos para organizar talleres de maquillaje, tratamientos faciales, costura y decoración con globos. Estos contratos levantaron sospechas debido a su naturaleza inusual para contrataciones gubernamentales.
La investigación también encontró que la presunta implicación de Alejandra del Moral y Erick Sevilla Montes de Oca, ambos prominentes miembros del PRI y ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México. Sevilla es actualmente líder estatal del PRI y forma parte del equipo de campaña de Del Moral.
Otras empresas bajo el foco son Instituto C&A Intelligent S.C. y Fix Business S.A., que obtuvieron un contrato de 259.2 millones de pesos del Consejo Estatal de la Mujer, encabezado por Melissa Vargas, actualmente diputada y miembro del equipo de campaña de Del Moral.
Zumby Servicios Profesionales, otra empresa resaltada en la investigación del medio británico, recibió un contrato de 851 millones de pesos en 2021, firmado por Vanesa Bernal Martínez, hermana de Eduardo Bernal Martínez, operador político de Alejandra del Moral.
La investigación fue llevada a cabo por la periodista María Teresa Montaño, en colaboración con el portal The Observer, la iniciativa Verificador del Servicio Público y Forbidden Stories, y apoyada por periodistas de The Guardian y OCCRP. Este descubrimiento podría desencadenar una mayor investigación por parte de las autoridades competentes y posibles cargos criminales.
