Senadores del Grupo Parlamentario del PAN destacaron que México es un referente en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y evitar que queden en situación de indefensión ante posibles violaciones a sus derechos.
No obstante, reconocieron que los funcionarios de consulados y embajadas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, entre ellas, la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, particularmente durante conflictos bélicos, que requieren medidas y acciones especiales.
Ante ello, propusieron crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, mediante una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el propósito de dotar al Estado de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a connacionales en el extranjero.
Los senadores de Acción Nacional señalaron que este mecanismo se activaría ante detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte; violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos, así como amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.
También contemplaría riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales.
Los legisladores suscribieron esta iniciativa, turnada para su análisis a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda.
Expusieron que la protección consular busca asistir a los mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, en su caso, organizar su defensa ante los tribunales del Estado receptor e informar sobre una amplia gama de asuntos para evitarles daños y perjuicios indebidos.
Sin embargo, señalaron que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”.
Explicaron que, si bien no se han reportado daños a connacionales, a diferencia de México, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de la zona de conflicto.
Reiteraron que el proyecto tiene la finalidad de establecer un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, que contribuya a los trabajos de planeación para identificar riesgos, adelantar necesidades ante situaciones críticas y coordinar tareas para la adecuada defensa de la integridad física, los derechos humanos y los mejores intereses de los mexicanos en el extranjero.
Con la modificación propuesta a la Ley del Servicio Exterior Mexicano se facultaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a establecer ese mecanismo, el cual deberá entrar en acción dentro de las primeras 24 horas luego de que ocurra una situación extrema o un contexto de fuerza mayor.
Precisaron que ese protocolo de protección debe incluir una evaluación de riesgos a la integridad física de todos los mexicanos en la demarcación, país o región del que se trate, notificaciones de seguridad a la comunidad mexicana afectada, asistencia jurídica y logística inmediata.
También propusieron estipular en la norma que la SRE informe al Senado de la República sobre los casos en que se active el Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, en un plazo no mayor a las 48 horas.
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