CHETUMAL, Q. Roo.— En una jornada de pesadilla que rayó en el secuestro masivo y al borde de una auténtica tragedia de consecuencias incalculables, la capital del estado colapsó por completo ante el caos y la violencia. Lo que en el papel se anunciaba como una manifestación convocada por el «Colectivo Xtabay» derivó en un violentísimo asedio: un nutrido grupo tomó por la fuerza las instalaciones de los Juzgados Penales del Poder Judicial, dejando a decenas de familias atrapadas y sembrando el pánico absoluto en cada rincón del inmueble.
El pretexto inicial —exigir celeridad en la audiencia por el feminicidio de Francisca Mariner Flores Patrón y protestar por el diferimiento en el proceso de otra víctima identificada como Wendi— se transformó en cuestión de minutos en una escalada de beligerancia sin control. Sin la menor consideración hacia los ciudadanos que únicamente aguardaban el desahogo de sus trámites penales, las manifestantes impusieron un bloqueo implacable. Pasillos y accesos quedaron herméticamente sellados, mientras el personal administrativo y los usuarios sufrían una violenta ráfaga de gritos, insultos y agresiones verbales.
La tensión alcanzó niveles dramáticos dentro de las salas de juicio oral, donde el pánico se apoderó de las decenas de personas retenidas contra su voluntad. En una postura de chantaje abierto a las instituciones, el grupo radical condicionó la salida de los rehenes a la llegada inmediata de los altos mandos del Poder Judicial y del Gobierno del Estado. Cualquiera que intentaba cruzar las puertas para poner a salvo su integridad era encarado con intimidaciones directas y la amenaza implícita de ser denunciado penalmente por supuestas agresiones.
El momento más crítico de la jornada se vivió cuando la violencia verbal cruzó una raya peligrosa: entre los gritos de la masa se exigió a viva voz la llegada de combustible, amenazando abiertamente con prenderle fuego al edificio con los empleados, usuarios y familias inocentes atrapados en el interior.
Superando ampliamente en número al reducido personal de seguridad del edificio, la turba beligerante logró doblegar por completo el recinto. El resultado es devastador: la impartición de justicia en Chetumal quedó paralizada de manera indefinida, sepultando los procesos legales de decenas de familias bajo un clima de extrema impunidad, miedo e ingobernabilidad.
