México necesita fortalecer el combate al contrabando, la piratería y el comercio ilícito para proteger la industria nacional, las cadenas de suministro, la recaudación y el empleo formal, coincidieron la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Durante el Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, industriales, autoridades y especialistas analizaron el impacto de estos mercados ilícitos y plantearon acciones para pasar de una estrategia reactiva a una de prevención, inteligencia y coordinación.
La presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que los mexicanos gastan más de 63 mil millones de pesos al año en productos pirata, fenómeno que afecta sectores como textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco, además de generar pérdidas fiscales y colocar a las empresas formales en desventaja frente a quienes evaden impuestos y regulaciones.
Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, director general del ONC, advirtió que en México lo ilegal se ha vuelto común e incluso se ha normalizado, lo que favorece la demanda de productos apócrifos y genera pérdidas económicas, fiscales y de empleo.
En el sector tabacalero, Gastón Zambrano Margain, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), destacó que actualmente el 26% del consumo total de cigarros corresponde a productos ilegales, equivalente a más de 9 mil millones de unidades al año, y estimó una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos anuales. recursos que dejan de destinarse a infraestructura, salud, educación y programas sociales.
“Es decir -sintetizó el representante de la industria del tabaco-, aproximadamente uno de cada cuatro cigarros consumidos en México es ilegal. Una de las principales causas es la fuerte diferencia de precios: mientras una cajetilla legal ronda los $100 pesos, una ilegal puede costar desde $20 pesos. Esta brecha incentiva a los consumidores a optar por productos más baratos ilícitos, en un contexto donde los impuestos representan cerca del 70% del precio final de una cajetilla legal”. apuntó el presidente de CONAINTA.
Por su parte, Mario Vignettes del Olmo, analista de la consultoría Adrech, exhortó a la sociedad civil no claudicar ni renunciar a su demanda para exigir el efectivo ejercicio del Estado de Derecho, pues sólo a través de la aplicación de las leyes es como se podrá combatir flagelos lascivos para la sociedad, como el caso de la violencia y el robo de mercancías.
“No estamos promoviendo la paz del país, estamos promoviendo el Estado de Derecho, estamos promoviendo que los industriales puedan hacer sus operaciones importantes para la economía nacional en un marco de orden público, no le pongamos otro nombre a lo que ya tiene nombre desde la Constitución; lo que tenemos que hacer es apoyar el Estado de Derecho y desde la sociedad civil demandar que desde el orden público se cumpla”, afirmó el asesor de la consultoría especializada en análisis estratégico de riegos.
A su vez, Heriberto Enríquez, director de Asuntos Públicos del Consejo de Empresas Globales, agregó que una de las graves consecuencias del fenómeno del contrabando y piratería de mercancías es el duro impacto en la reputación de las empresas legales por la venta de varios de sus productos, pero bajo una versión apócrifa o pirata.
“Por ejemplo, una empresa como Bayer o Siemens, varias de esas empresas cuidan sus procesos con mucho detalle, pero cuando los comercializan de manera informal, tiene un impacto en la reputación del producto”, comentó.
En tanto, Fernando Portugal, director de Propiedad Intelectual y Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), advirtió que lejos de que el fenómeno de la piratería muestre señales de debilidad, lo cierto es que en los últimos años ha tomado fuerza y muestra de ello son los nuevos canales de distribución de medicamentos ilícitos que ya incluyen a todos los sectores sociales.
“Hace algún tiempo se consideraba que normalmente que las personas que adquirían este tipo de productos sería gente que estuviera en una situación de extrema vulnerabilidad económica; pero en los últimos años sabemos que ha llegado a todos los grupos; ahora por ejemplo, ya se ha identificado casos donde se ve que el pirata o el distribuidor de un medicamentos ilegítimo es una señora encopetada, muy elegante, que por cierto es amiga de la primada de la tía que va a al gimnasio”, expuso el especialista.
El comercio ilícito también erosiona la confianza del consumidor. Mientras algunas personas compran productos piratas o de contrabando de manera consciente por su menor precio, otras no cuentan con información suficiente para distinguirlos de los legales. Esto incrementa riesgos para la salud y evidencia que mayores impuestos no siempre reducen el consumo, sino que puede desplazarlo hacia mercados ilegales. Ante el crecimiento de estas ventas en plataformas digitales, es indispensable reforzar la trazabilidad, la supervisión y los mecanismos de verificación.
Por su parte, Edgardo Flores Campbell, vicepresidente Nacional de Seguridad Logística y Prevención del Contrabando de CANACINTRA, coincidió en la necesidad de fortalecer el combate a los fenómenos de la piratería y el contrabando, en virtud de que hoy en día limitan el desarrollo de las empresas, el mercado labora y, por lo tanto, la economía en su conjunto.
Ante ello, el representante de CANACINTRA dijo que la seguridad logística debe ser reconocida como un componente de la política industrial de México, debido a su impacto directo en la competitividad, la inversión y la generación de empleos.
Ante este escenario, CANACINTRA y ONC planteó cinco acciones prioritarias:
– Inteligencia compartida entre autoridades y sector privado para identificar rutas, mercancías y patrones de contrabando.
– Mayor trazabilidad mediante tecnología para fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro.
– Estrategias específicas por sector, de acuerdo con los riesgos particulares de cada industria.
– Protección de la propiedad industrial, fortaleciendo la coordinación con IMPI, autoridades aduaneras y empresas.
– Apoyo a las MIPYMES mediante capacitación y herramientas accesibles de prevención y seguridad.
Como parte de los resultados del foro, CANACINTRA y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) formalizaron un convenio de colaboración en materia de propiedad industrial, capacitación, prevención de la piratería y falsificación, orientación a empresas y cultura de la legalidad.
Con este acuerdo, ambas instituciones refrendan su compromiso de pasar del diagnóstico a la acción y construir, junto con autoridades, empresas y especialistas, una agenda nacional para combatir el comercio ilícito y proteger las cadenas productivas.
Combatir el comercio ilícito es defender a la industria nacional, proteger el empleo formal y fortalecer la competitividad de México. Las propuestas derivadas del encuentro permitirán establecer líneas de acción para fortalecer la prevención y el combate de estos mercados ilícitos, así como la protección de empresas, sectores productivos y consumidores.
