- La organización ciudadana advierte que desechar las impugnaciones ciudadanas impediría revisar modificaciones que inciden en la capacitación, selección e imparcialidad de quienes participarán en la elección de 2027
Poder Ciudadano hace un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que analice de fondo las impugnaciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG489/2026.
El pronunciamiento se realiza ante el proyecto de sentencia relacionado con los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 acumulados, el cual propone desechar las demandas de dos organizaciones civiles por considerar que carecen de interés jurídico para controvertir las nuevas reglas.
Para Poder Ciudadano, esta determinación cerraría la posibilidad de que la sociedad civil solicite la revisión jurisdiccional de decisiones que inciden directamente en la integración de las mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y las condiciones de imparcialidad de quienes recibirán y contarán los votos de millones de personas el 6 de junio de 2027.
“No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones y determine si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que requiere una elección nacional. La participación ciudadana no debería limitarse al día de la votación; también debe poder vigilar las reglas con las que se organiza el proceso”, señala Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano.
La organización explica que su impugnación tiene un alcance distinto al recurso presentado por el Partido Acción Nacional. Mientras el planteamiento partidista se concentra en la posibilidad de vigilar las entrevistas realizadas a las personas aspirantes a supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes electorales, la demanda ciudadana cuestiona un conjunto más amplio de modificaciones que, consideradas de manera acumulativa, podrían reducir los márgenes preventivos con los que se integran las casillas.
Entre los cambios señalados se encuentran:
- La reducción de ocho días en los periodos de capacitación electoral: tres días menos en la primera etapa y cinco en la segunda.
- La sustitución del mínimo anterior de revisitas y del referente de contar con dos personas aptas por cada funcionario requerido por un “número óptimo” calculado con datos históricos. Una vez alcanzado ese número, podrá dejar de buscarse a ciudadanía sorteada que no haya sido localizada.
- La posibilidad de incorporar nuevas secciones con estrategia diferenciada nivel 2 —que permite recurrir a personas de la lista nominal cuando la ciudadanía sorteada resulta insuficiente— sin la autorización previa del Consejo Distrital, al que se informaría posteriormente.
- La sustitución de la compulsa institucional con bases de datos para verificar que las personas designadas como funcionarias de casilla no sean servidoras públicas impedidas, por una declaración bajo protesta de decir verdad.
- La eliminación del inicio automático de un procedimiento sancionador cuando una persona aspirante a supervisora electoral o capacitadora-asistente aparece en el padrón de un partido político y desconoce esa afiliación.
También se modificó la ponderación para seleccionar a supervisores y capacitadores: el examen pasó de representar 60 a 50 por ciento de la calificación, mientras que la entrevista aumentó de 40 a 50 por ciento.
Poder Ciudadano reconoce que el INE debe responder a las necesidades presupuestales y operativas de una elección de gran magnitud. Sin embargo, señala que la eficiencia administrativa debe acompañarse de evidencia técnica suficiente para demostrar que la reducción de tiempos, revisitas y verificaciones no afectará la calidad de la capacitación ni aumentará la utilización de mecanismos extraordinarios para integrar las casillas.
La organización recuerda que, de acuerdo con información presentada durante la sesión del Consejo General del INE, la proporción de personas propietarias designadas que efectivamente integraron las mesas de casilla disminuyó de 92.26 por ciento en el proceso 2017-2018 a 89.35 por ciento en 2020-2021 y a 88.28 por ciento en 2023-2024, mientras aumentó la participación de ciudadanía tomada de la fila.
Además, durante el proceso 2023-2024 se registraron 18 mil 245 sustituciones de supervisoras y supervisores electorales y de capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, lo que obligó a emitir mil 465 convocatorias adicionales para cubrir las vacantes.
“Estos antecedentes hacen necesario que el Tribunal examine si los nuevos procedimientos fortalecen la organización electoral o reducen controles que fueron construidos para evitar decisiones discrecionales. Desechar la demanda impediría que esa discusión se produzca desde la perspectiva de la ciudadanía”, agrega Sterling.
Poder Ciudadano subraya que las organizaciones de la sociedad civil tienen una función legítima en la observación, vigilancia y defensa de la integridad electoral. Reconocer esa participación fortalece a las instituciones y permite que decisiones técnicas de gran trascendencia sean sometidas a un escrutinio público y jurisdiccional más amplio.
La organización reitera su respeto a la autonomía del TEPJF y expresa su confianza en que la Sala Superior valore la importancia de garantizar vías efectivas de participación ciudadana antes de que comience la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027.
