Monterrey.- La carrera por gobernar Nuevo León en 2027 comienza a jugarse tanto en la política como entre los empresarios de uno de los mayores centros industriales de México, mientras la revisión del TMEC, las presiones sobre las finanzas estatales y los problemas de movilidad anticipan parte de la agenda del próximo gobierno.
En este hándicap, el senador con licencia Waldo Fernández ha intensificado desde junio sus encuentros con empresarios y ha encaminado sus cuestionamientos a la administración de Samuel García, mientras se enfila a encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Fernández es militante de Morena, aunque forma parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, -debido a un acuerdo electoral del 2024, entre ambos partidos-. Esa posición lo mantiene como primera opción e interlocutor entre dos fuerzas que buscarán desplazar a Movimiento Ciudadano del gobierno estatal.
Nuevo León llegará a la sucesión por la gubernatura, en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), un proceso particularmente relevante para una economía manufacturera integrada a las cadenas productivas de Norteamérica.
De ahí que, el legislador se haya mantenido cercano a los empresarios y representantes de la iniciativa privada, discutiendo asuntos como infraestructura, energía, logística, regulación y Estado de Derecho. Su trayectoria profesional y empresarial en el sector legal le han facilitado el diálogo con una comunidad de negocios que demanda certidumbre para mantener inversiones y proyectos en el estado.
El aspirante sostiene que esa certidumbre pasa también por las finanzas públicas. Ha advertido que la falta de acuerdos presupuestarios puede afectar decisiones de inversión y calcula que la próxima administración enfrentará compromisos y vencimientos por alrededor de 30,000 millones de pesos entre deuda, pasivos y proyectos de infraestructura pendientes.
Ahí es donde aparece una de las apuestas más importantes de Waldo Fernández: combinar disciplina financiera y certidumbre para las empresas con los principios sociales de Morena, mediante un presupuesto que dirija recursos hacia infraestructura, servicios y programas con impacto directo en la población.
“Los números, la data y las decisiones financieras tienen que estar alejadas de los intereses personales. Las finanzas públicas no entienden de tiempos políticos”, dijo.
El costo de las prioridades
En el enfoque sobre el uso responsable del gasto público, Waldo también ha ofrecido uno puntos más controversiales y directos con Samuel García.
Por ello ha cuestionado el uso del helicóptero Black Hawk, adquirido por el gobierno en unos 86 millones de pesos, que aun cuando es propiedad del estado, el gobernador lo ha utilizado para actividades personales ajenas a funciones oficiales.
Este uso indebido, han sido contrastados con la situación de los neoleoneses en el transporte público, que han soportado la elevación de tarifas hasta un 42%, mientras congestionamientos y largos tiempos de traslado forman parte de la rutina de los agobiados habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.
Para el senador, el problema no termina en el transporte, ya que problemas como Vivienda, agua, medio ambiente, seguridad y servicios públicos, han sido atendidos de forma dispersa pese a estar ligados al crecimiento de Monterrey y los municipios conurbados.
“Tenemos una mancha metropolitana sumida en el caos por falta de una política pública que tome en cuenta todos estos temas”, afirmó.
Las decisiones de la siguiente administración condicionarán el desarrollo urbano durante los próximos 15 o 20 años. En seguridad, la propuesta es complementar la presencia policial con acciones contra la violencia familiar, el consumo de drogas y la falta de oportunidades desde escuelas y comunidades.
La carrera por el 2027
Fernández compite en un bloque donde le siguen de lejos figuras y políticos como Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Andrés Mijes y Judith Díaz, ante quienes el senador ha insistido en preservar la unidad, obteniendo su respaldo hacia la cohesión frente al objetivo principal de liberar a Nuevo León del Movimiento Ciudadano, que llegó en 2021.
El senador también envió una iniciativa al Congreso local, para que los gobernadores permanezcan forzosamente los seis años de mandato y no abandonen el cargo para buscar la Presidencia de la República. La iniciativa tiene una referencia inmediata: García solicitó licencia en 2023 para competir por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano antes de regresar al gobierno.
Incluso el planteamiento ha recibido también el respaldo del resto de los aspirantes a la Defensa de la Transformación, otorgando a Waldo Fernández su coincidencia, mientras avanza la definición por la Coordinación y por la gubernatura rumbo a 2027.
Fernández llega punteando a una carrera que tendrá una primera definición después del 2º Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando se prevé que Morena avance en la decisión sobre su abanderado a la Transformación de NL. Lo hace conciliando dos agendas que no siempre conviven con facilidad: la certidumbre que demanda el empresariado y la política social que reivindica Morena.
En Nuevo León, donde industria, inversión y crecimiento urbano presionan las finanzas y los servicios públicos, esa combinación será puesta a prueba mucho antes de llegar a las urnas.
