Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitaron investigar presuntas irregularidades en la Dirección de Administración de la empresa pública relacionadas con la incorporación de funcionarios, remuneraciones, adquisiciones, adjudicaciones directas y contratación de servicios.
Los señalamientos fueron formulados en dos denuncias anónimas, cuyos autores solicitaron mantener bajo reserva su identidad ante el temor de posibles represalias laborales. Una de ellas se concentra en el manejo de personal, mientras la segunda plantea revisar diversos procedimientos de compra y contratación.
Entre las peticiones se encuentra verificar los expedientes de Gabriela Mejía Muciño, Octavio Francisco Estrada Hernández, Marisol Duarte Martínez, Joel López Villagómez, Guillermo Eduardo Martínez Villanueva, Luis Landero Villalba, Jorge Alejandro Cruz Ortiz y Laura Gabriela Honorato Boyso, con el propósito de comprobar fechas y procedimientos de ingreso, currículums, grados académicos, experiencia y requisitos de los puestos que ocupan.
De acuerdo con información publicada por EL CEO, las denuncias alcanzan áreas bajo responsabilidad de Yesica Luna Espino, quien encabeza la Dirección de Administración desde octubre de 2024 y tiene entre sus funciones asuntos relacionados con licitaciones, capital humano, obras y servicios tecnológicos. ([EL CEO][1])
Los trabajadores también solicitaron revisar las remuneraciones del personal incorporado a la estructura administrativa. La documentación señala salarios diarios tabulados de alrededor de 2 mil 300 pesos para Gabriela Mejía Muciño, Octavio Francisco Estrada Hernández y Joel López Villagómez, mientras fuentes internas ubican las percepciones mensuales de algunos funcionarios por encima de los 245 mil pesos.
Según esas versiones, Estrada Hernández, Mejía Muciño, López Villagómez y Laura Gabriela Honorato Boyso percibirían hasta 261 mil 360.20 pesos mensuales; en tanto, Marisol Duarte Martínez, Guillermo Eduardo Martínez Villanueva y Luis Landero Villalba alcanzarían 245 mil 98.90 pesos. Los denunciantes solicitaron comprobar documentalmente si esos ingresos corresponden con los tabuladores y funciones desempeñadas.
Otro de los señalamientos se refiere a Sonia Hernández Pineda, identificada como titular de la Unidad de Responsabilidades. Su percepción pública mensual sería de 121 mil 495.16 pesos, mientras que fuentes internas sostienen que sus ingresos podrían alcanzar 250 mil 771.46 pesos. Los trabajadores pidieron esclarecer la eventual diferencia.
Las denuncias también solicitan investigar la relación entre Gabriela Mejía Muciño y Joel López Villagómez ante un posible conflicto de interés. Asimismo, refieren versiones internas sobre presuntos cobros a trabajadores de reciente ingreso, quienes habrían sido presionados para entregar una parte de sus salarios a personas que supuestamente facilitaron su contratación.
De acuerdo con el escrito, esos cobros presuntamente se realizarían los viernes correspondientes al pago de la catorcena y el dinero sería recabado por personal adscrito a la Coordinación del Patrimonio y Aseguramiento de Activos (COPAC) para su posterior entrega en efectivo. Los denunciantes solicitaron que trabajadores con conocimiento directo de estas prácticas puedan declarar bajo condiciones de confidencialidad.
En materia de adquisiciones, la segunda denuncia pide revisar operaciones realizadas mediante órdenes de compra menor para mantenimiento de edificios, servicios y artículos de consumo básico. El señalamiento busca determinar si requerimientos que podían concentrarse en procedimientos competitivos fueron divididos en operaciones de menor cuantía.
Los trabajadores plantearon cruzar las órdenes de compra por fecha, objeto, proveedor, área requirente y monto, además de analizar adjudicaciones directas y la participación recurrente de determinados proveedores. También solicitaron establecer si existen coincidencias entre domicilios, representantes, accionistas o funcionarios relacionados con las contrataciones.
Otro punto corresponde al arrendamiento vehicular. Los denunciantes sostienen que contratos vigentes habrían sido ampliados hasta el máximo permitido sin que el siguiente procedimiento se programara con suficiente anticipación y señalaron que, ante la falta de un nuevo contrato, se habría considerado una adjudicación directa al proveedor que ya prestaba el servicio.
Los escritos también mencionan la presunta gestión de asuntos contractuales desde una oficina externa a las instalaciones de la CFE y solicitan verificar quiénes acuden a ese espacio, las actividades que ahí se realizan y si se han celebrado reuniones con proveedores vinculadas con procedimientos de contratación.
Además, se hace referencia a un supuesto manejo discrecional en contratos de carbón y a una posible relación con funcionarios estatales. En este caso, la denuncia no proporciona nombres de servidores públicos, empresas, contratos, montos o entidades federativas, por lo que los trabajadores pidieron a las autoridades determinar si los señalamientos tienen sustento.
Luna Espino llegó a la CFE después de ocupar cargos relacionados con adquisiciones y recursos materiales en el Gobierno de la Ciudad de México. Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se desempeñó como subdirectora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde tuvo atribuciones en licitaciones, enajenaciones y capital humano.
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