La diputada Gissel Santander Soto (Morena) propuso reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para que toda actuación de las autoridades ministeriales, policiales o judiciales, en la que se identifique la presencia de niñas, niños o adolescentes, deberá observar de manera obligatoria el principio de interés superior de la niñez, y adoptar medidas para garantizar su integridad física, psicológica y emocional.
La iniciativa, que plantea cambios a los artículos 10 y 132, así como la adición de un artículo 266 Bis, establece que serán obligaciones de los policías: identificar de forma inmediata la presencia de un menor en el lugar de los hechos o en la ejecución de una detención y minimizar el uso de fuerza, visibilidad de armas o tácticas intimidatorias.
Asimismo, procurar que la detención se realice fuera del campo visual del menor, siempre que sea posible sin poner en riesgo el operativo; evitar la separación de su figura cuidadora, salvo riesgo real e inminente para su integridad, y solicitar la intervención inmediata de servicios de protección y asistencia cuando el infante resulte afectado o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Señala que cuando se identifique la presencia de un menor, la autoridad deberá asegurar su resguardo en un espacio seguro y libre de violencia, evitar exponerles al uso de fuerza, armas o lenguaje intimidatorio; realizar la detención sin contacto visual directo del menor con el detenido, garantizar atención psicológica inmediata en caso de afectación emocional y permitir la permanencia del menor con su figura cuidadora o tutor.
El documento argumenta que en México persiste un vacío operativo y procesal sobre la actuación de las autoridades durante detenciones, cateos y actos de investigación cuando en el lugar se encuentran menores, lo que provoca que miles de infantes sean expuestos de manera directa a escenas de violencia institucional, uso de armas, forcejeos, gritos, irrupciones domiciliarias y detenciones de familiares, sin mecanismos inmediatos de protección emocional o resguardo físico.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la exposición reiterada de niñas y niños a eventos traumáticos vinculados con violencia institucional puede producir afectaciones severas como ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño, regresiones conductuales y desconfianza hacia las instituciones públicas, indica.
En México, agrega, organizaciones de la sociedad civil han documentado múltiples casos de niñas y niños presentes durante operativos policiales o detenciones sin protocolos adecuados de protección. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha advertido que las actuaciones policiales en contextos familiares continúan realizándose sin perspectiva de infancia, aun cuando este grupo es considerado de especial vulnerabilidad.
Por ello, con la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, se busca fortalecer la profesionalización policial, armonizar el sistema penal mexicano con estándares internacionales de derechos humanos y contribuir a consolidar un modelo de justicia penal más humanista, preventiva y respetuosa de la dignidad de la niñez.
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