- El convenio entre estado y ejido en Palmas Altas transparenta el uso de suelo y recursos públicos para el nuevo destacamento en Zacatecas.
Para garantizar la viabilidad jurídica e inyectar fondos estatales sin riesgo de observaciones de auditoría, el Gobierno de Zacatecas suscribió este lunes un instrumento legal con el ejido de Palmas Altas y la Procuraduría Agraria. Este convenio otorga la certidumbre de tenencia de la tierra requerida para la construcción del nuevo Destacamento Regional de Seguridad (Deres) en el municipio de Jerez.
El gobernador David Monreal Ávila, quien firmó como testigo de honor, centró su discurso en la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. Argumentó que la edificación del complejo de seguridad debe realizarse bajo un estricto ordenamiento administrativo, justificando la presencia de las autoridades agrarias federales para validar la cesión de los derechos ejidales.
«Administramos recurso público, recurso del pueblo, y se deben de hacer las cosas de manera formal, diligente, para no dejar problemas», aseveró el mandatario estatal ante los representantes de la Mesa de Construcción de Paz. La declaración subraya un cambio de política frente a obras de administraciones pasadas, ejecutadas sin la debida regularización de los predios, lo que históricamente ha derivado en conflictos patrimoniales.
El andamiaje legal fue avalado por Santos Godoy Álvarez, presidente del ejido; Carmelina Campos Barrientos, secretaria; y Andrés Martínez Luévano, tesorero. Sus firmas, protocolizadas por el delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Enrique Pérez Compeán, autorizan formalmente el cambio de vocación de las tierras comunitarias para el establecimiento de instalaciones de seguridad nacional y estatal.
La supervisión del Estado de derecho en la zona fue evidenciada por la presencia de altos mandos de procuración de justicia. El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Javier Esquivel Cruz, y el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, atestiguaron el acto, enviando un mensaje de tolerancia cero a la ilegalidad en una región históricamente vulnerable al crimen organizado.
A la estructura de vigilancia se sumó la participación operativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), representado por el jefe de estación Juan Gabriel Sosa Pinto. Su involucramiento confirma que la ubicación de Palmas Altas responde a un mapeo táctico basado en inteligencia federal para desarticular rutas logísticas de grupos delictivos en la sierra zacatecana.
Este acuerdo vinculante obliga ahora a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Obras Públicas a iniciar los procesos de licitación y adjudicación de la obra. Con la tierra regularizada, el escrutinio público se traslada a la ejecución presupuestal del Deres, que deberá ceñirse a los calendarios de pacificación prometidos por la administración de Monreal.
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