La suspensión temporal de la jueza federal Aneshuarely Amarande Riojas Orozco por parte del Tribunal de Disciplina Judicial colocó bajo atención pública un conflicto que mezcla un caso de feminicidio, acusaciones de conflicto de interés y una denuncia previa por violación contra abogados vinculados con la representación legal de la familia de la víctima.
La medida cautelar fue dictada a finales de abril de 2026 contra la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, luego de que resolviera un juicio de amparo relacionado con Mario Alberto Sabag Corona, imputado por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en 2019.
En marzo de este año, la juzgadora concedió un amparo al acusado al considerar que había permanecido más de dos años en prisión preventiva sin sentencia. A partir de esa resolución, un juez de control modificó la medida cautelar y ordenó prisión domiciliaria para el imputado, detenido desde 2023.
La decisión provocó protestas de familiares de la víctima y colectivos feministas en distintos puntos de la Ciudad de México. Posteriormente, la representación jurídica de la familia presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial bajo el argumento de que Riojas Orozco debió excusarse del asunto por una presunta “enemistad manifiesta” con abogados involucrados en el caso.
El punto central de la controversia radica en que los asesores legales de la familia pertenecen al despacho Nassar, Nassar y Asociados, firma cuyos socios fueron denunciados por la jueza en 2021 por el delito de violación. Según la denuncia, los hechos ocurrieron en diciembre de 2016 durante una reunión organizada por el despacho en el hotel Camino Real.
Riojas Orozco acusó públicamente a los abogados Lozano Ponzanelli y Castañeda Gómez Mont de haberla llevado contra su voluntad a una habitación del hotel, donde presuntamente fue golpeada y agredida sexualmente. La denuncia fue presentada con identidad reservada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cinco años después de los hechos.
Los abogados señalados rechazaron las acusaciones y posteriormente promovieron una denuncia por fraude procesal contra la jueza. Ese asunto fue sobreseído en 2024. Riojas Orozco sostuvo que el procedimiento disciplinario en su contra responde a una represalia impulsada por el despacho. “Han utilizado a una víctima indirecta, una mujer que perdió a su madre, para vengarse de mí”, afirmó.
La jueza argumentó además que su nombramiento como titular del juzgado fue notificado desde septiembre de 2025 y que durante varios meses ninguna de las partes promovió recusación alguna. De acuerdo con su postura, la objeción se presentó únicamente después de la resolución favorable al imputado en el juicio de amparo.
Antes de su suspensión, Riojas Orozco acumulaba siete meses al frente del juzgado federal. En ese periodo también fue nombrada coordinadora del Aula Prisma de la Escuela Nacional de Formación Judicial. El despacho Nassar, Nassar y Asociados ha participado en otros asuntos de alta exposición pública, entre ellos casos relacionados con Lisette Farah, Ricardo La Volpe y Alessandra Rojo de la Vega.
